Circular jurídica. Plazos administrativos, situación de las obras y otros temas de interés

07/04/2020 - Actualidad
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Hasta ahora hemos venido señalando las pautas interpretativas de los distintos instrumentos normativos publicados en los últimos días o semanas. Dicha labor no ha sido fácil principalmente porque las propias normas (Real Decreto 463/2020; Reales Decreto Leyes nº 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020; Orden SND 307/2020…) están redactadas de forma confusa.
Ello ha conllevado que la interpretación jurídica de la citada normativa no haya sido pacífica ni unívoca en todos los sectores. Ha habido diferentes posturas dentro del sector de la edificación o de la construcción. De hecho, ha habido también opiniones variadas entre los distintos Colegios de Arquitectos de España.

Desde este Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón se ha optado desde el inicio por un criterio interpretativo preventivo y garantista del bien jurídico más necesitado de protección: la seguridad y la salud de las personas en general, y de los arquitectos, en particular. Criterio que, además, se ha visto reforzado por ser la misma interpretación seguida desde el CSCAE.

Así las cosas, con objeto de tratar de unificar criterios, ayer día 6 de abril se celebró una reunión telemática de la asesoría jurídica del CSCAE con todas las asesorías jurídicas de los Colegios, y de la que a continuación se exponen sus conclusiones más relevantes y que pueden resultar más prácticas para nuestros colegiados:

I.- Estamos ante una situación excepcional de crisis sanitaria en un contexto de estado de alarma, en la que tienen absoluta primacía los Reales Decretos-ley que se vienen aprobando. Estos instrumentos tienen aplicabilidad directa y prevalecen sobre los Estatutos colegiales y sobre cualquier otra normativa reguladora de nuestra actividad profesional.

II.- El CSCAE junto a otros organismos profesionales están trabajando en la equiparación de los profesionales integrados en las distintas mutualidades como sistema de cotización alternativo al RETA, principalmente en cuanto a solicitar una ayuda similar a la prestación por cese de la actividad del RETA.


III.- En virtud de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, se decretó la suspensión de los plazos administrativos. Lo importante es resaltar que se suspenden los plazos, pero no se establece una declaración general de suspensión de los procedimientos administrativos.

Con independencia de la incorrecta equiparación de conceptos jurídicos bien distintos en la que sorprendentemente incurre el Real Decreto, como son “término” y “plazo”, o “interrupción” frente a “suspensión”, la propia Abogacía del Estado ha aclarado la cuestión precisando que lo que se produce es una suspensión de los plazos, es decir, se computa el periodo que dure el estado de alarma y una vez quede sin efecto éste, se reanudará el cómputo del plazo correspondiente.

Además, existen dos excepciones a la suspensión de plazos:
- Cuando se pueda causar perjuicios graves a los derechos del interesado o cuando el interesado está conforme con la no suspensión del plazo.
- En situaciones vinculadas al estado de alarma o para proteger el interés general o el funcionamiento básico de los servicios.

A propósito de esta cuestión, haremos una mención al servicio de gestión y concesión de licencias de obras. Efectivamente, se trata de un servicio que no está incluido como actividad o servicio esencial en el Anexo del RD-ley 10/2020, por lo que algunos Ayuntamientos podrán haber dejado en suspenso este servicio esgrimiendo que no es esencial.

Sin embargo, debe entenderse que por medio del teletrabajo tanto los funcionarios municipales como los profesionales pueden seguir desarrollando su actividad. Además, podría argumentarse también que, en aras del interés general, no debería suspenderse un procedimiento o un servicio que “da soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto”, empleando los mismos términos que el preámbulo del RD ley 8/2020.

En consecuencia, los procedimientos de concesión de licencias de obras perfectamente podrían considerarse como procedimientos administrativos cuya continuación resulta indispensable para proteger el interés general o el funcionamiento básico de los servicios. No en vano, la mayoría de ayuntamientos al parecer se encuentran tramitando estos procedimientos.

En cuanto a la contratación pública, y en este escenario de suspensión de los plazos administrativos, pero no de procedimientos, la Administración puede realizar actos preparatorios como redacción de pliegos, su publicación e incluso la adjudicación, si ya se hubieren presentado ofertas con anterioridad a la declaración del estado de alarma.


IV.- Las obras y la actividad de construcción en general, se encuentra suspendida en este momento como consecuencia de los efectos derivados del RD-ley 10/2020, de momento con una limitación temporal hasta el 9 de abril de 2020, la misma que para el permiso laboral retribuido para los trabajadores por cuenta ajena.

Dado que el Presidente del Gobierno ha anunciado la intención de que a partir de ese momento se reanuden las actividades no esenciales, ahora suspendidas, es previsible entonces que después de Semana Santa la actividad de construcción se pueda reanudar, dicho todo ello con la cautela y provisionalidad que merece la situación excepcional que nos ocupa.

Hasta entonces, la referida suspensión o paralización temporal de las obras afecta en tanto en cuanto sus trabajadores lo sean por cuenta ajena. No deben entenderse suspendidas ni paralizadas las obras en las que no haya trabajadores por cuenta ajena y puedan ser viables únicamente con trabajadores autónomos.

Así lo sostiene el CSCAE y consta en el apartado FAQs de su página web:

B.2. Las obras dentro del sector de la construcción, ¿se tienen que cerrar?

Quedan suspendidas todas aquellas obras cuya continuidad no resulte factible en virtud de la aplicación de los permisos retribuidos recuperables que establece el RDL 10/2020, de 29 de marzo, para los trabajadores por cuenta ajena.

Última actualización 2-04-2020 (9:55 am)”

A contrario sensu, aquellas obras cuya continuidad sea factible porque no les sea aplicable a sus trabajadores los permisos retribuidos recuperables que establece el RDL 10/2020 por estar desarrollada únicamente por trabajadores autónomos, NO han quedado suspendidas y pueden continuar.

Este mismo argumento se hace extensible al resto de actividades o servicios profesionales de los arquitectos, quienes como trabajadores autónomos que son, podrán seguir realizando: vigilancia y supervisión de obras cerradas, dirección de obras abiertas en las que trabajen solo autónomos, mediciones, tasaciones, etc. sin más limitaciones que las referidas en este apartado.

Eso sí, cabe hacer alguna precisión a modo de recomendaciones: 1) el DO y/o el responsable de la CSS deben asegurarse de que el constructor puede garantizar que en la obra se cumplan los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias y, en caso contrario, debe ordenar la paralización de la obra y 2) que, a pesar de la interpretación que se acaba de indicar en cuanto a que sí es posible continuar estas obras exclusivamente con trabajadores autónomos, se apela a la responsabilidad para el cumplimiento de las medidas de confinamiento impuestas desde el Gobierno para reducir la movilidad de las personas con el inequívoco objetivo de frenar la expansión del COVID-19, por lo que, en este sentido, el arquitecto debe hacer un ejercicio de ponderación en cuanto a la necesidad o urgencia del trabajo a realizar frente a la protección del derecho a la salud de las personas, siempre con criterios de proporcionalidad y excepcionalidad.


FRANCISCO BERNAD MORCATE
Asesor Jurídico
del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
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